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El pasado jueves 21 de mayo tuvo lugar el primer encuentro virtual del Foro Legal EJE&CON, una sesión abierta a no socios celebrada con la colaboración de la división Legal & Regulatory de Wolters Kluwer, que congregó a cerca de 250 personas en torno a las reformas legales más relevantes para las empresas de entre las muchas que se están promulgando en todos los órdenes en el curso de la pandemia. Presentó la sesión Cristina Sancho, presidenta de la Fundación Wolters Kluwer, y moderó el encuentro Mercedes Carmona, VP de EJE&CON y co-líder del Foro Legal, que contó como contertulios con grandes expertos en materia laboral, societaria, concursal, fiscal, procesal y de protección de datos.

Enrique Ceca, socio y responsable del Departamento Laboral de Ceca Magán Abogados, abordó la reformas laborales, la última de las cuales (RD 18/2020 que establece nuevas condiciones en la aplicación de los ERTEs) se había publicado y entrado en vigor el día anterior a la celebración del webinar. Enrique nos habló de la regulación del teletrabajo, fórmula de prestación de servicios a favor de la cual rompió una lanza; de la regulación de los ERTEs y la conversión del ERTE por fuerza mayor de total a parcial; y, finalmente, de las medidas a adoptar en el momento de la vuelta al trabajo.

María Vidal, socia de FinReg360, abordó algunas cuestiones de interés en materia de protección de datos: la inseguridad jurídica en la toma de decisiones empresariales sobre los límites en medidas como toma de temperatura a los empleados, cámaras de infrarrojos o realización de tests, y el uso de las tecnologías en la lucha contra el COVID-19, diferenciando entre el uso de datos de geolocalización y datos de rastreo. “La tecnología puede salvar vidas y es compatible con ser garantes de la protección de datos”, dijo a este respecto.

La ponente reconoció que desde la perspectiva LOPD existe un “lío monumental” – aunque la normativa de Prevención de Riesgos Laborales y de Salud Pública son claros -, especialmente en relación con la toma de control de temperatura y los tests, información sensible con potenciales consecuencias estigmatizantes o discriminatorias en algunos casos. “Las medidas a tomar han de ser proporcionadas y basadas en las normas del Ministerio de Sanidad, que es la autoridad competente”, dijo.

Para terminar, aportó una serie de recomendaciones a todas las compañías que pongan en marcha procedimientos de control de cara a la vuelta a los centros de trabajo: contar en los comités de gestión de crisis con expertos en protección de datos y con profesionales sanitarios, hacer una evaluación de impacto en PD, transparencia con los trabajadores, medidas de seguridad robustas, limitar el acceso a la información sensible, y destrucción de toda la documentación una vez superada la crisis.

Los aspectos societarios fueron analizados por Isabel Fernández Torres, profesora de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense, que citó la normativa de referencia en el actual estado de alarma y abordó en particular la problemática derivada de las reuniones de los órganos de gobierno de las sociedades, tema clave en materia mercantil. La ponente hizo asimismo referencia a las particularidades legales de su convocatoria en formato virtual, telefónico o por videoconferencia, y a las especialidades aplicables en este ámbito a las sociedades cotizadas.

A este respecto, dijo que “las alternativas tecnológicas existentes en la actualidad para la celebración telemática de reuniones con suficientes garantías legales aún sufren un cierto grado de rechazo por parte de inversores institucionales, proxy advisors, etc. que quieren poder intervenir, preguntar y emitir su voto tras los debates, y que la comunicación sea bidireccional”. Las SOCIMI, que están obligadas a repartir dividendos, plantean una problemática particular no contemplada en la actual regulación.

El socio de Deloitte y profesor de la Universidad Carlos III, Juan Zornoza, destacó en su intervención la sobrerregulación observada en España durante la pandemia en materia fiscal. “Se han aprobado medidas tributarias prácticamente cada semana, en la mayor parte de los casos de forma asistemática, que plantean dificultades de interpretación y no están en línea con las aprobadas por otros países que nos han precedido en el tránsito por las distintas fases de la pandemia”.

En este sentido, inicialmente se anunció una suspensión de plazos para todos los procedimientos del sector público, que luego se decretó que no sería aplicable en materia tributaria. Además, “en casi todos los decretos-leyes aprobados se incluye algún tipo de medida tributaria, destacando entre ellas una que, siendo en principio temporal, en realidad es una garantía para la Administración: el no cómputo del periodo entre el 18 de marzo y el 30 de abril a efectos de prescripción y de caducidad de los procedimientos tributarios”, señaló el ponente, quien para terminar lamentó que los efectos del Covid-19 en materia tributaria, pensados para regular un contexto extraordinario, van a estar vigentes durante muchos años cuando, además, la técnica legislativa no es la idónea ni existe un plan regulatorio claro. Con este panorama, “¿se van a sancionar los incumplimientos asociados a las dificultades derivadas del estado de alarma?”, concluyó.

De las cuestiones concursales se ocupó Pablo Amorós, socio de IntegraLex Abogados, quien incidió en la actual situación de la administración de Justicia desbordada y sin medios tras el Covid 19: “La previsión de incremento de los concursos en los próximos meses está entre 50 y 60.000”, alertó.  Pablo destacó la importancia de la previsión en la empresa y de adoptar soluciones en esta fase de estado de alarma para salvaguardar la continuidad de la actividad empresarial tras el levantamiento del mismo. En este sentido, hizo referencia a las medidas concursales incorporadas por el RD 16/2020 para evitar la declaración de concursos y explicó la concurrencia con el nuevo Texto Refundido de la Ley Concursal RD 1/2020 de 5 de mayo.

Entre las soluciones previstas en la Ley Concursal para evitar el concurso el ponente habló de la reestructuración preventiva, el incentivo para la renegociación de convenios y acuerdos extrajudiciales de pago, los acuerdos de refinanciación, la homologación judicial de acuerdos y la tramitación del pre-concurso regulada en el artículo 5 bis. Y se refirió a la conveniencia de prepararse adecuadamente para solicitar la declaración judicial de concurso en aras de evitar la responsabilidad patrimonial de los miembros del órgano de administración.

Cerró el turno de intervenciones Emilio Gude, co-líder del Foro Legal EJE&CON y socio adjunto a la dirección de Ceca Magán Abogados, quien abordó la problemática procesal derivada de la pandemia. Comenzó hablando de la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus a los contratos cuando, por causas de fuerza mayor, no se puedan cumplir las obligaciones derivadas de los mismos. “El COVID-19 ha creado un escenario de excesiva onerosidad y desequilibrio en las prestaciones en numerosos contratos. La cláusula mencionada permite la revisión de un contrato cuando surgen circunstancias extraordinarias sobrevenidas e imprevisibles no existentes en el momento de su suscripción, y en consecuencia las prestaciones de algunas de las partes devienen excesivamente gravosas u onerosas, rompiendo el equilibrio económico del contrato”.

Emilio cerró su ponencia aludiendo a las posibles fórmulas que van a permitir a las partes en conflicto alcanzar el reequilibrio en las prestaciones a través de la negociación y el pacto. “El Tribunal no admitirá que ninguna de las partes se acoja a la cláusula RSS si su aplicación no se ha negociado previamente con la contraparte”, concluyó.

 

 


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